Industria de Reuniones: Sector ¿Público o Privado?

Industria de Reuniones: Sector ¿Público o Privado?

Al utilizar la palabra “industria” para definir nuestra actividad, igual que sucede con el turismo (al definirlo como “industria sin chimeneas”), nos topamos con que normalmente a una industria pertenecen fabricantes, comerciantes y productores todos provenientes del ámbito privado; así la industria automotriz , la del calzado, de farmacéutica, cuentan entre sus miembros a hombres y mujeres de negocios cuya actividad es por naturaleza “lucrativa”, sin embargo, en nuestro caso, no es correcta esa presunción.

La “industria” de reuniones está compuesta por un amplio rango de organizadores, proveedores de servicios y recintos involucrados en el desarrollo, producción y entrega de convenciones, congresos, conferencias, exposiciones y otros eventos relacionados, que se llevan a cabo para lograr objetivos de tipo económico, educativo, profesional o cultural. Sin embargo, cuando analizamos los rubros y las organizaciones (que definimos en la entrega pasada en el artículo: La Industria de Reuniones: un sector especializado con liderazgo diluido) nos damos cuenta que:

a) Los centros de congresos y convenciones: Son en su mayoría, edificios públicos propiedad de gobiernos federal, estatales o municipales, por lo que estrictamente hablando, sus directivos son funcionarios que están administrando recursos provenientes de los contribuyentes. Sin embargo, muchos de estos, aunque son recintos públicos, su operación está “concesionada” a empresas privadas especializadas en esta materia o están “privatizados” a través de la creación de fideicomisos creados especialmente para la administración de dichos edificios. Finalmente, también están los Centros de Convenciones completamente privados, que aunque son menos, sus instalaciones, los terrenos y operación pertenece  a gremios, consorcios o grupos financieros nacionales o internacionales.   Por lo anterior, la Asociación de Mexicana de Recintos Feriales (AMEREF) cuenta, entre sus miembros, tanto con funcionarios públicos como ejecutivos o empresarios.
b) Las Oficinas de Convenciones (DMO’s): El grupo que resulta vital para nuestra industria, coexisten de igual manera funcionarios y ejecutivos, ya que las organizaciones de marketing de destinos operan de diferente manera en cada caso. En México, la mayoría de estos organismos (ya hemos debatido la cantidad de acrónimos que los definen OCV, OVC, OCC, etc.) viven del Impuesto al Hospedaje, por lo que una vez más, están administrando recursos públicos y por lo tanto deben de ajustarse a las reglas de los diferentes niveles de gobierno. (Esta es una adaptación del modelo norteamericano de los DMO’s, antes CVB’s). Por lo tanto, una vez más , la Asociación de Marketing de Destinos en México (AMDEM) está formada en su mayoría por funcionarios públicos, aún cuando representan instituciones “privatizadas” en fideicomisos de promoción.
La historia de la adopción de este modelo en nuestro país es “sui géneris”, pues paradójicamente cuando se aprobó el cobro del impuesto en las diferentes entidades federativas (tasas que varían del 2 al 4%) algunas asociaciones de hoteleros se ampararon pues no estaban de acuerdo en su implementación (que vendría a “encarecer” el producto a los usuarios finales) y los gobiernos, a fin de convencerlos, diseñaron esquemas de administración de recursos por medio de fideicomisos en que los propios hoteleros tuvieran la “voz cantante” o la mayoría en las decisiones de la aplicación de los mismos.
En el caso del Consejo de Promoción Turística de México (nuestra Destination Marketing Organization por sus siglas en inglés) como se sabe, además de un pequeño porcentaje de recursos que provienen de la administración central, se utiliza el DNI que también es un recurso fiscal (que se cobra a los turistas que ingresan al país) y por lo tanto sus integrantes son 100% funcionarios públicos. En el modelo original del CPTM se pretendía que el sector privado también inyectara recursos financieros, pero nunca prosperó la iniciativa y, aunque con cierta autonomía de gestión y una junta de gobierno “mixta”,  pertenece estrictamente al Gobierno Federal.
La mayoría de Burós de Convenciones del resto de Latinoamérica, son organismos totalmente privados financiados con las aportaciones de los miembros de la industria de reuniones o del turismo.
En cuanto a las demás organizaciones y jugadores de la industria de reuniones, salvo en el rubro de clientes de Gobierno o Asociaciones, estamos hablando de sector privado casi en su totalidad.
Esta es otra de las razones por lo que se han atorado tanto la interlocución con los gobiernos (pues muchos integrantes provienen de ahí) como la profesionalización de los cuadros de la industria, porque como hemos mencionado anteriormente, los gobiernos no siempre optan ni por reclutar a los mejores perfiles para sus instituciones “mixtas” (recintos u Oficinas de Convenciones) , ni por coadyuvar con su educación, capacitación y certificación para garantizarles estabilidad-reconocimiento-confianza en los mercados.
Sin duda, pertenecemos a una industria compleja pero de influencia horizontal que toca prácticamente todos los ámbitos (comercio, academia, medicina, otras industrias, educación) y que representa casi un millón de empleos, 23% de los cuartos noche ocupados en el país y el 1.5% del Producto Interno Bruto… “Aquel que ingresa a este sector…….difícilmente quiere salir de él” 

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